MEDIDAS CONTRA EL ADOCTRINAMIENTO Y A FAVOR DE LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA

Madrid, 5 de marzo de 2009.- Las entidades firmantes acogen con satisfacción la medida de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, (recogida en la carta dirigida a los directores de los centros educativos) en la que haciéndose  eco de las cuatro sentencias dictadas por el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS), prohíbe inculcar o imponer, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista que puedan entrar en colisión con el artículo 27 de la Constitución Española.

La Consejería de Educación acierta indicando a los directores de los centros que adopten las medidas necesarias para que los alumnos matriculados en 2º y 4º de la ESO cursen «Educación para la ciudadanía y los derechos humanos» sin adoctrinamiento de ningún tipo, conforme a la sentencia del Tribunal Supremo y de acuerdo con el proyecto educativo de su centro.

Las entidades firmantes, desde el más absoluto respeto a las decisiones que adopte cada familia, entrando o no a clase de EpC, reiteran su compromiso de seguir luchando por la defensa del derecho de los padres a  educar a sus hijos conforme a sus propios criterios filosóficos, religiosos o morales y, en tal sentido, anuncian la puesta en marcha con carácter inminente de las siguientes medidas:

1ª) Recurrir las sentencias del TS que no reconozcan la Objeción de conciencia, hasta llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo por cuanto estamos convencidos de lograr un fallo satisfactorio a la vista, además, de los votos particulares emitidos en la resolución judicial.

2º) Denunciar ante las Consejerías de Educación los textos que tienen carácter adoctrinador solicitando dispensa de asistencia a clase de EpC hasta en tanto sean efectivas las medidas que deban adoptarse.

3ª) Promover una campaña social para que las editoriales de los textos con contenidos contrarios a las exigencias marcadas por el Tribunal Supremo, los retiren del mercado o procedan a su inmediata modificación.

4ª) Seguir ofreciendo la asistencia jurídica necesaria para el ejercicio de cuantas acciones sean oportunas.

Las sentencias del TS han abierto nuevas vías legales para impedir el adoctrinamiento de nuestros hijos a través de la denuncia de los libros de texto, los docentes, o los centros que intenten imponer una formación moral contraria a nuestros principios. Por ello, sin perjuicio de continuar la lucha en el plano jurídico, es necesario que el movimiento objetor permanezca unido en su  lucha dentro de los cauces legales.

Pensando en el bien de familias y alumnos, solicitamos que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid garantice hasta final de curso que los alumnos de EpC terminen el mismo por el procedimiento que hayan elegido de entre los dos habilitados: el ordinario o el de trabajos evaluados

Y finalmente, reiteramos nuestra exigencia a la ministra del MEPSYD para que tenga en cuenta la voz de las familias y, a través del diálogo con sus legítimos representantes, provea las modificaciones necesarias para que esta asignatura deje de ser fuente de permanente conflicto.

Entidades Firmantes:

Confederación Española de Centros de Enseñanza – CECE

Confederación de Padres de Alumnos – COFAPA

Confederación Católica de Padres de Alumnos – CONCAPA

Foro Español de la Familia – FEF

Universidad San Pablo – CEU