El Instituto Efrat replica a la Junta de Extremadura
Según publica la agencia de noticias «Europa Press», la consejera de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura, Pilar Lucio, ha señalado que el Ejecutivo regional entiende que la nueva Ley del Aborto que está preparando el Gobierno central es «legal, y ajustada al ordenamiento constitucional español».
Desde el Instituto Efrat queremos recordar a este respecto tanto a Pilar Lucio y el resto de dirigentes extremeños en particular, como a la opinión pública en general, que la nueva ley del aborto que está preparando el Gobierno central puede ser todo lo legal que quieran, puede ser todo lo constitucional que quieran, pero no es -y nunca podrá ser- legítima, porque carece de legitimidad cuando de lo que se trata es de permitir el asesinato de los seres humanos más inocentes e indefensos, con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja.
La gravedad de la nueva ley del aborto no estribará tan sólo en la evidente injusticia de que se permita abortar a las jóvenes de 16 años -sin que sea preceptivo el previo conocimiento y consentimiento de sus padres- o en que muy probablemente sea incoherente con la doctrina del Tribunal Constitucional: Antes bien, la gravedad de la nueva ley del aborto -y de cualquier ley que legaliza o despenaliza este tipo de crímenes- se basa en que negará implícitamente el derecho absoluto a la vida de los seres humanos más inocentes, y más indefensos, convirtiendo el picadillo de bebé en un derecho fundamental de la mujer.
Pilar Lucio ha señalado igualmente que la nueva Ley del Aborto es «legítima por cuanto procede de representantes del pueblo español».
Esta declaración nos parece sumamente engañosa en cuanto presenta como otorgada a los representantes del pueblo salidos de las urnas, la capacidad de decidir en qué momentos, o en qué casos, existe el derecho a llevar a cabo el asesinato premeditado y alevoso de un inocente. Sencillamente, eso es falso, es erróneo, es mentira: no tienen ese poder. No se lo ha otorgado nadie, ni nadie se lo puede otorgar. Los representantes del pueblo pierden su legitimidad en la medida en que permiten el asesinato premeditado, alevoso y con ventaja, de los hijos, inocentes e indefensos, del pueblo al que representan.
Por otro lado, sus alusiones al pueblo como avalista de sus injustas decisiones nos parecen cuando menos fraudulentas, pues queremos recordar que no se ha efectuado consulta alguna al pueblo en ese sentido, hurtando al «pueblo soberano» la oportunidad de expresar su verdadera voluntad. También queremos recordar que las sesiones de la subcomisión parlamentaria llevadas a cabo en la «casa de todos» han sido completamente opacas, hurtando de esa manera al «pueblo soberano» su legítimo derecho a la información.
No obstante, aun en el hipotético caso de que la voluntad del pueblo fuera unánime a la legalización del aborto, y esa voluntad hubiera sido expresada a través de un referéndum legal, ello no convertiría al aborto en un derecho legítimo, sino que seguiría siendo lo que es: El asesinato de un ser humano, inocente, e indefenso. No existe poder en la tierra capaz de legitimar la muerte de un inocente.
Pilar Lucio ha indicado, además, que en un estado de derecho las motivaciones subjetivas de terceros, incluidos los padres, «no pueden prevalecer sobre la decisión de la mujer, decisión a la que tiene derecho».
Sobre este particular nosotros quisiéramos plantear a Pilar Lucio y al resto de promotores de la nueva ley: Si otorgamos a una mujer -de la edad que sea- el derecho a decidir acabar con la vida de su hijo antes de que nazca… ¿Con qué razón vamos a impedirle decidir matarlo después después de que haya nacido?
Sabemos que esto puede sonar muy duro, pero, si el acto de hacer picadillo a un ser humano inocente se puede convertir en un derecho cuando así lo decida la mayoría de integrantes de un parlamento… ¿Quién va a tener entonces posibilidades de sobrevivir? ¿El más fuerte? ¿El que más policías tenga para protegerle? ¿El que más dinero tenga para pagarse una protección, o un arma? ¿El que sepa disparar más rapido que los demás?
Y es que, cuando se ponen listones al derecho a la vida, se abre la puerta a la ley de la selva. Y en la selva, todos los derechos humanos se convierten en papel mojado. En la ley de la selva no existe otra ley, que la ley del mas fuerte.
Como colofón, desde el Instituto Efrat no queremos dejar de recordar que, en los últimos veinticuatro años, han sido asesinados impunemente en España más de un millón de bebés, con las agravantes de premeditación, alevosía, y ventaja. Veinticuatro años bastan. Un millón de muertos bastan. Ya es hora de poner fín a tanta barbarie.
David del Fresno
Instituto Efrat
Presidente